CSIF TE INFORMA
CSIF exige al Gobierno extender la indemnización por residencia a todos los territorios afectados.
– El Real Decreto sobre jubilación parcial prevé revisar las indemnizaciones en Baleares, pero deja fuera a Canarias, Ceuta y Melilla y Valle de Arán.
– CSIF seguirá reivindicando extender la jubilación parcial a funcionarios, estatutarios y personal de las empresas públicas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que actualice las indemnizaciones por residencia a todos los territorios afectados.
El Real Decreto sobre jubilación parcial publicado el 30 de junio de 2026 incluye una disposición adicional única por la que el Gobierno se compromete a revisar en el plazo de seis meses las cuantías de las indemnizaciones por residencia del personal público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares, discriminando otros ámbitos donde también se reivindica como Canarias, Ceuta y Melilla y el Valle de Arán.
Esta cuestión, junto a la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio, es una medida contemplada en el Acuerdo Marco de Condiciones Laborales y Salariales firmado con Función Pública en noviembre del año pasado.
Por otra parte, CSIF exige al Gobierno que regule también la jubilación parcial para funcionarios y estatutarios (personal de la sanidad), bloqueada desde 2012, tras recuperar este derecho para el personal laboral, así como para el personal de las empresas públicas. El Gobierno deja este tema pendiente de la tramitación en el Congreso de la Ley de Función Pública cuya tramitación está encallada por la falta de apoyos del Gobiern.
El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto-Ley gracias a las presiones ejercidas por nuestra organización, por el que se desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas.
La jubilación parcial era un derecho bloqueado con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas (la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración).
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